La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se empezaron a jugar este lunes 25 de enero buena parte de su futuro en el cargo. Ambos mandatarios fueron citados por el Consejo Nacional Electoral a audiencia pública para que expusieran su defensa ante los procesos de revocatoria que se iniciaron en su contra desde comienzos de este año. En el mismo proceso se encuentran más de 30 alcaldes del país.
Más allá de que la revocatoria es un mecanismo consagrado en el ordenamiento colombiano, y se convierte en un contrapeso a los mandatarios del país, son varios los expertos que aseguran que promover este tipo de iniciativas en este momento es inconveniente, no solo porque implica recoger firmas y eventualmente convocar a la ciudadanía a las urnas en plena época de pandemia, sino que esto conlleva también un gasto de los recursos del Estado.
La Red Nacional de Veedurías emitió un comunicado en el que advirtió sobre lo que consideran un derroche de los recursos públicos en medio de la crisis económica y sanitaria que enfrenta hoy Colombia.
Según la Red de Veedurías, los procesos de revocatoria le costarían al país unos 150.000 millones de pesos. “Son dineros con los que se pueden comprar cerca de 15 millones de vacunas para salvar vidas de la gente”, advirtió la organización.
El docente de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado Carlos Arias advierte que muchos de los intentos de revocatoria corresponden más a mecanismos de populismo electoral contra los gobiernos de turno.
“Cuando se plantea una revocatoria tiene que ser con base en el incumplimiento del plan de gobierno, no en la crítica a fenómenos de coyuntura. Por ejemplo, que Claudia López se haya ido de Bogotá sin conocer los subregistros de las UCI, pues es algo negativo, pero nada tiene que ver con un incumplimiento”, señala Arias.
Por su parte, el abogado y politólogo José Manuel Acevedo aseguró en su columna de el diario El Tiempo que “este no es el año ni de las revocatorias de alcaldes, ni de la revocatoria (que no existe legalmente) del Presidente –y que además ahora está apoyada por narcoguerrilleros como ‘Iván Márquez’– ni es el año de los referendos para prohibir el aborto o reformar la JEP. Este es el año de la creatividad a la hora de ejercer el necesario control social de nuestra clase dirigente”.
En un sentido similar se pronunció el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sánchez, quien dijo que “no solo se trata de sacar gente a votar, sino que implica que los alcaldes se tienen que dedicar a defenderse en vez de concentrarse en atender el virus”.
No obstante, desde el movimiento ciudadano que promueve la revocatoria de Claudia López se insistente en que esto es un derecho. “Promover la revocatoria es un derecho constitucional”, manifestó la organización. Según las normas, luego de un año de administración del respectivo alcalde o gobernador (el cual se cumplió hace tres semanas) se puede formalizar la petición.
Una vez presentada, los impulsores del mecanismo deben recoger firmas equivalentes “a por lo menos el 30 por ciento de los votos que haya obtenido el mandatario en su elección”, lo cual depende de cada municipio. Si se logra este mínimo de firmas, la Registraduría debe revisarlas y certificar que se cumplió con este paso y hay un plazo de dos meses para citar la votación.
Para que la jornada sea válida, debe acudir al menos el 40 por ciento de electores que sufragó en la elección del respectivo mandatario local o departamental, y si la mitad más uno vota afirmativamente la revocatoria, el alcalde o gobernador debe abandonar el cargo.
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