POR UNA PRENSA LIBRE

Paola Holguín

En el país están prendidas las alarmas en todos los sectores, y la prensa no es la excepción; a medida que el discurso de Petro se ha ido radicalizando, la confusión y el temor por las consecuencias de la constante y agresiva estigmatización crecen al mismo ritmo que la incertidumbre.

La libertad de prensa en Colombia hoy está en grave peligro de censura y criminalización, como lo advirtió hace unos días la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP, cuando expresó preocupación por la manera en que Petro alimenta el discurso de la prensa como antagonista.

De acuerdo con la Carta Magna de 1991, en el artículo 20, la libertad de expresión es un baluarte y elemento fundamental del modelo constitucional de nuestro Estado, en la medida en que garantiza el flujo dinámico de información entre el público y contribuye al control social de los gobernantes. En términos de la Corte Constitucional, “Solo una sociedad compuesta de personas libres de expresar quienes son y quienes quieren ser, puede reclamarse como abierta, pluralista y participativa. Por eso, aún las expresiones inútiles, anodinas, impulsivas, carentes de importancia social o inclusive contrarias a las prácticas sociales y a las verdades recibidas, gozan de protección constitucional”. (Sentencia C-650 de 2003) 

De otro lado, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluso previo a la promulgación de nuestra Constitución, ha dejado claro el rol esencial que cumple la libertad de expresión y de prensa en las sociedades democráticas; en la Opinión Consultiva de 1985 sobre la “Colegiatura obligatoria de periodistas”, la Corte Interamericana fue tan clara como categórica al afirmar:  “El mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”. En contraste con el mandato del sistema regional de protección de derechos humanos y la Constitución Política, los ataques constantes y cada vez más violentos y explícitos de Petro hacia los medios de comunicación que tienen la osadía de cuestionar sus reformas, sus decisiones y la corrupción en el círculo cercano de sus aliados políticos, colaboradores y familiares, o hasta