Este proceso es distinto al del carrusel de la contratación en el que la Fiscalía tiene un proyecto de principio de oportunidad de dos implicados que ofrecen delatar a los altos oficiales de la policía, funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a las contrataciones irregulares y multimillonarias. Ese principio de oportunidad está frenado en el despacho del fiscal Francisco Barbosa.
El caso empezó durante el gobierno de Iván Duque. Una empresa le alquiló a la Unidad Nacional de Protección, UNP, vehículos maquillados como blindados pero que en realidad no cumplían las características técnicas para proteger la vida de las personas a las que estaban asignados.
La empresa que gestionó y alquiló estos vehículos se llama Neostar Seguridad de Colombia Limitada y su cabeza visible es el empresario Alan Perlman. Para el momento en el que empezaron las denuncias la empresa del señor Perlman había celebrado 8 contratos de alquiler de vehículos blindados.
El caso se empezó a descubrir porque dos personas bajo protección se dieron cuenta de que los carros que les había asignado la UNP no eran realmente blindados. El primero en descubrir este engaño, en 2019, fue un primo del expresidente Álvaro Uribe y el segundo, en 2020, fue el entonces consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín Cotrino. El peso de los carros y unas características del tanque de gasolina fueron las claves para que los protegidos se dieran cuenta del engaño.
Cabe agregar que el blindaje de varias de esas camionetas no había sido previamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, lo cual constituía una irregularidad adicional.
La Fiscalía incautó seis de esas camionetas por un tiempo pero decenas de ellas siguen en la UNP, en teoría protegiendo la vida de personas amenazadas. Uno de los peritos investigadores asegura en un documento que los pretendidos blindados tienen la misma seguridad de un carrito Spark. No resistirían un ataque a bala.
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