Nueva agencia especial para investigar a juez que dejó en libertad a dos jóvenes de la Primera Línea

Se conoció que la Procuraduría General de la Nación constituyó una agencia especial para que asuma la representación del Ministerio Público en el proceso que se adelanta por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, al ordenar la libertad de dos jóvenes de la denominada primera línea, designados como gestores de paz por el Gobierno.

La revista SEMANA reveló hace pocos días que el procurador delegado encargado para asuntos penales del Ministerio Público, Jairo Acosta, denunció a la juez.

La denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía y ante la Comisión de Disciplina Judicial. A partir de los siguientes puntos: la Procuraduría considera que el juez coordinador del centro de servicios judiciales de Bogotá solo tiene competencia para repartir las solicitudes de libertad y cumplir una orden en ese sentido que le entregue un juez de control de garantías. Solo a falta absoluta de éste podría entrar a suplirlo.

En este pronunciamiento del Ministerio Público se advierte que, en todos los casos y para el cumplimiento de su función, los fiscales, los jueces y la policía judicial debe enterar oportunamente, por el medio más expedito, a los procuradores judiciales de las diligencias y actuaciones de su competencia.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que el juez coordinador no puede ordenar y librar orden de libertad de un detenido bajo el criterio de cumplir un decreto presidencial que requirió levantar o suspender órdenes de captura.

Es importante recordar que el decreto presidencial ordenó levantar o suspender órdenes de captura, no levantar las medidas de aseguramiento impuestas por disposición de un juez en un proceso legal.

Hace un par de días la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz.