58 organizaciones hicieron un llamado al Gobierno para establecer herramientas de seguridad jurídica para los uniformados

El pasado viernes 4 de noviembre, la Defensoría del Pueblo confirmó el secuestro de 29 militares que se encontraban patrullando en la vereda Restrepo, ubicada en el municipio de Tumaco (Nariño). Estos hechos son rechazados por la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura, la cual está compuesta por 58 organizaciones de la reserva, veteranos, víctimas y pensionados de la Fuerza Pública.

“Nos permitimos expresarle a la opinión pública nacional que rechazamos enérgicamente el secuestro de 29 militares en el departamento de Nariño, que se presentó el día 2 de noviembre del año en curso, durante una operación legítima y constitucional que venían ejerciendo estos hombres de nuestras Fuerzas Militares”, dice el documento de la organización.

De acuerdo con las federaciones, asociaciones y fundaciones que componen el grupo, se trata de una represalia de la comunidad de la vereda de Restrepo por la captura de dos hombres, presuntamente miembros de las disidencias de las Farc. Por esto, retuvieron ilegalmente a los 29 uniformados.

“Portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, dinero en efectivo, cartillas de adoctrinamiento de las Farc e implementos con los logos del grupo armado organizado residual Urias Rondón”, explicó la organización.

El grupo hace un llamado al poder legislativo, judicial y al Gobierno nacional, incluyendo al Ministerio de Defensa y la cúpula militar, para que establezcan “herramientas de seguridad jurídica claras y contundentes que permitan a la fuerza pública ejercer autoridad plena frente a quienes atentan contra la seguridad de los colombianos y sus cómplices”.

Se pudo establecer que, son 26 soldados, también hay dos suboficiales y un capitán, para un total de 29 militares secuestrados. “La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Tumaco, llegó a la institución educativa de la vereda Restrepo para evidenciar las condiciones de derechos humanos de los militares retenidos y verificó su estado, de manera particular el acceso a servicios básicos”, manifestó la entidad defensora de derechos humanos a través de un comunicado.