Desde la Procuraduría se abrió la investigación tras posibles irregularidades en un contrato por más de 215,000 millones con la unión temporal AMI.
El Ministerio Público determinó que aparentemente existían irregularidades en la planeación, en el manejo presupuestal, contrato y definición de valores, dónde se señala existen varios sobrecostos.
El ente de control señaló que, a pesar de que la implementación del proyecto es disminuir el porcentaje de pérdidas no técnicas, este no sería el fin último, pues aún falta lograr toda la reglamentación.
La Procuraduría señala que existen “distorsiones” que no tienen justificación respecto a las cotizaciones, y dónde además hay cifras extrañas que estarían alterando el valor del contrato.
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