Carlos Mattos terminó involucrado en los casos de corrupción más grandes del país

La defensa del empresario Carlos Mattos, sonado por su participación en uno de los casos de corrupción de la justicia, Hyundai, insiste en la inocencia de su cliente, pese a que la Fiscalía General de la Nación ha manifestado lo contrario.

En un comunicado que envió la firma Víctor Mosquera Abogados, se informa que este lunes se presentaron acciones internacionales ante los organismos de derechos humanos pretendiendo que el empresario sea visto como una víctima del sistema colombiano. “La Fiscalía General de la Nación hizo autoincriminarse al señor Mattos y cumplir con todos los puntos estipulados en el preacuerdo al que había llegado con el ente acusador y, posteriormente, retiró el preacuerdo”, manifiesta en el comunicado.

Lo que habría generado que el empresario quedara como culpable ante la opinión pública, “por lo que tuvo que allanarse a los cargos”, dice la firma de abogados. Consideran que por eso se solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se pusiera una queja ante el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la detención que ellos consideran arbitraria y por las violaciones del derecho a la salud. La firma de abogados señaló que la salud de Mattos sigue desmejorando, asegurando que la vida e integridad de su cliente “corre un grave riesgo». 

Cabe recordar que, en agosto pasado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá volvió a tumbar la condena de cinco años y diez meses de prisión que se había emitido el pasado 7 de junio contra el empresario Carlos Mattos por sobornar con 100 millones de pesos a una jueza de la República. En este caso, Mattos había reconocido haberle enviado el dinero en efectivo a la jueza 16 civil municipal de Bogotá Ligia del Carmen Hernández después de que dejara en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron para seguir comercializando vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.

El despacho judicial deberá citar a una nueva audiencia para escuchar la intervención de todos los sujetos procesales (Fiscalía, Procuraduría y Rama Judicial) para conocer su posición, frente al tema del incremento patrimonial.