Fundesarrollo y la firma consultora Frontier Economics, realizaron un estudio sobre las tarifas de energía y sus efectos en la Costa Caribe donde explican los incrementos en el costo unitario de prestación del servicio de energía eléctrica en 2021 y el primer trimestre de 2022.
Este estudio indicó que el componente de las pérdidas en el caso de AIR-e obtuvo el 70% del alza en 2021 y el 54% en el primer trimestre de 2022. Y para Afinia el 57% en 2021 y el 42% entre enero y marzo del presente año. Por otra parte, el componente de distribución para Afinia el incremento durante 2021 y el primer trimestre de 2022 fue del 18% y para AIR-e fue del 11%. Entre tanto, en el de comercialización para AIR-e el aporte al alza fue del 18% en 2021 y el 12% en los tres primeros meses de 2022. Y para Afinia fue del 20% y 10% respectivamente.
Conforme a esto, los componentes de pérdidas, distribución y comercialización regulados por la CREG se apartan de los criterios básicos descritos en el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994 que definen las fórmulas tarifarias adoptadas por las Comisiones de Regulación en Colombia. Estos son: eficiencia económica, neutralidad, simplicidad y transparencia.
Los anteriores criterios se basan en que el régimen de tarifas procurará que se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo. Además, cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro. Que las fórmulas de tarifas se elaborarán en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y control. Y, que el régimen tarifario será explícito y completamente público para todas las partes involucradas en el servicio, y para los usuarios.
Con esa regulación para la región Caribe, la CREG ha propendido por un modelo que busca remunerar el costo de las empresas reguladas más que el costo de la empresa eficiente, lo que desembocó en el reconocimiento de todas las pérdidas, sin que se haya hecho un análisis de eficiencia en la adopción de tarifas y en la recuperación de la inversión de los operadores.
El análisis econométrico de resoluciones emitidas por la CREG durante el periodo octubre 2020 y diciembre 2021, realizado por FUNDESARROLLO y Frontier Economics, muestra que en Colombia 11 mil hogares ingresaron a la condición de pobreza monetaria. El 39% de esos hogares están en el Caribe, la región más afectada por los incrementos en el costo de la energía eléctrica.
Por otra parte, un análisis sobre el sector manufacturero muestra que el alza en la tarifa de energía eléctrica impacta negativamente su producción, es decir, un aumento del 10% en la tarifa genera una caída del 0.6% en la producción de este sector en la región Caribe.
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