El problema del Acuerdo de Escazú es la “cesión de soberanía que crea altos riesgos de inseguridad jurídica”. Adicionalmente, sostuvo que Colombia ya cuenta con instituciones claras relacionadas con la información, participación y acceso a la justicia en materias ambientales.
El exmandatario, manifestó que el Acuerdo de Escazú “incluye la posibilidad de que los países creen órganos subsidiarios. Además, el tratamiento de derecho humano a derecho ambiental, que no se discute, refuerza a la justicia internacional”.
Vale recordar que el Acuerdo de Escazú fue presentado como una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. “El derecho a vivir en un ambiente sano se vulnera cuando la ideología obstaculiza la producción de bienes y servicios”, puntualizó Uribe Vélez.
Miguel Uribe, congresista del Centro Democrático, destacó que si bien está de acuerdo con la protección del medio ambiente, a su juicio ratificar el acuerdo era inconveniente porque “pone en tela de juicio la seguridad jurídica que necesita el ordenamiento territorial para funcionar”. “En Colombia hay todas las herramientas para proteger a los líderes sociales, lo que falta es su implementación, el Estado colombiano se ha equivocado en eso. Además, el tratado dice que con él habrá mayor acceso a la información, pero la Constitución ya lo tiene en su artículo número 74 y con tiempos más estrictos”, agregó.
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