TRIBUNAL ORDENA A SUPERSERVICIOS TOMAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRA PROMOAMBIENTAL

Pese a que el órgano jurídico determinó que esta empresa debe ceñirse a lo estipulado por la ley, preocupa el destino de los cerca de $60.000 millones que ha cobrado por el exceso de kilómetros de barrido a los usuarios en Bogotá.

Recientemente, se han dado a conocer, a través de diferentes medios de comunicación, irregularidades en el cobro del servicio de aseo que pagan los habitantes de Bogotá junto con la factura de energía o agua. Esto se debe a que, desde el 2019, Promoambiental ha reportado actividades de barrido no autorizadas en el contrato de concesión que abrió la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos (UAESP), al cobrar más kilómetros de los autorizados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional (PGIRS).

En consecuencia, a principios de este año, se presentó una Acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Promoambiental, la interventoría de la concesión, la Superintendencia de Servicios Públicos, entre otros, para que dicha empresa prestadora del servicio público de aseo cumpla con las normas que regulan el cálculo de la tarifa de este servicio en su componente de barrido y haga el reporte correcto de kilómetros ejecutados en las localidades de Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, según lo previsto en la regulación actual.

En respuesta, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió a las pretensiones de la demanda de ordenar a la Superservicios, como entidad encargada de vigilar y controlar las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, emprender las actuaciones administrativas del caso en cuestión y tomar medidas contra Promoambiental en un plazo de 10 días.

Sin embargo, aún quedan preocupaciones sobre la mesa, pues según cálculos de información pública, a la fecha se han cobrado cerca de $60.000 millones correspondientes al exceso de kilómetros de barrido reportados por Promoambiental, quienes no habrían sido obligados a ajustar los cobros por las entidades competentes, y suma que no ordenaron su retribución a los 740.000 usuarios del eje oriental de Bogotá como zona a cargo de esta empresa de servicio público de aseo.

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