Recientemente se ha conocido que en los recibos del aseo que pagan los ciudadanos, se incrementaron hasta 3.000 pesos, que, multiplicado por los usuarios, desata una multimillonaria afectación a la economía Bogotana.
Desde el 2018 son cinco las empresas que prestan el servicio de aseo en Bogotá, las cuales son supervisadas por la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos (UAESP). Sin embargo, después de aceptado y firmado el contrato, Promoambiental, una de las compañías encargadas, se quejó porque, supuestamente, se estaba cobrando de forma indebida a los usuarios.
La metodología tarifaria está establecida en la Resolución 720 del 2015, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, en la que se estipula el mecanismo para calcular el valor entre otras disposiciones que legislan el aseo en las ciudades; puntualmente, en el artículo 4 de la Resolución 720 se define cómo se deben establecer los promedios para calcular las tarifas de aseo determinando que se debe calcular por la cantidad de usuarios en determinada zona y no por los kilómetros que se intervienen.
Para esto, Bogotá está dividido en cinco partes, asignando cada área a una empresa: Área Limpia se encarga de la localidad de Suba, de las más grandes de la capital; Bogotá Limpia, en Engativá y Barrios Unidos; Ciudad Limpia opera en Fontibón y Kennedy; Lime tiene a su cargo las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires y Rafael Uribe Uribe; y Promoambiental presta el servicio en Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz y Usme.
Con esta división, se estipuló que las empresas debían responder al Procesador de información del servicio de aseo, Proceraseo, que además es la que gestiona los recursos de la ciudad para esta labor, es decir, el dinero de las facturas termina en dicha entidad. Empero, Promoambiental se quejó, porque en el contrato firmado con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se estaba cobrando de forma indebida a los usuarios la prestación del servicio.
De esta manera, y según pronunciamientos recientes por presuntas irregularidades, diferencias entre Proceraseo y Promoambiental concluyeron en un fallo de un tribunal, modificando la forma cómo se cobraba; pues, se pasó de cobrar por el número de usuarios que atienden las empresas, a kilómetros de las áreas barridas.
El tribunal declaró que al operador se le debe pagar por lo que hace, no por el número de usuarios, por lo que la compañía realizó una lista de las limpiezas que, según ella, no se les pagó; obligando a las empresas que en teoría sí se les remuneró la totalidad, pagarle a Promoambiental por lo que supuestamente no se le había reconocido.
La decisión fue impugnada ante la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, que sigue estudiando el caso. Independiente de la decisión, la plata terminará saliendo del bolsillo de los bogotanos, pues son ellos los que pagan las tarifas del aseo.
Finalmente, se conoció que al respecto, se presentó una Acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Promoambiental, la interventoría de la concesión, la Superintendencia de Servicios Públicos, entre otros, para que que dicha empresa prestadora del servicio público de aseo cumpla con las normas que regulan el cálculo de la tarifa del servicio de aseo en su componente de barrido y haga el reporte de kilómetros barridos para las localidades de Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, según lo previsto en la regulación actual.
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