Después de que el Ejército Nacional hubiese presentado a nueve personas como presuntos miembros del frente 51 de las extintas Farc. El Consejo de Estado le ordenó a la Fiscalía General, indemnizar a las familias de estos capturados, con la suma de 770 millones de pesos.
Dichas personas, habrían recuperado su libertad, tras pasar 19 días detenidos. Los testigos que se presentaron ante la Fiscalía, presentaban inconsistencias por lo que no se les decretó medida de aseguramiento y para el 2005, se precluyó la investigación a favor de los procesados.
Además, los demandantes aseguran que la Fiscalía se basó en un informe de inteligencia que tenía testigos poco creíbles y datos errados. Es así, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de las víctimas, ya que las decisiones de dicha entidad dentro de la investigación de este supuesto caso de rebelión estuvieron ajustadas a las exigencias legales de la época.
No obstante, el Consejo de Estado revocó esa decisión y aseguró que a los demandantes se les ocasionó “un daño anormal, especial y grave, dado que, al no poderse desvirtuar su presunción de inocencia, no existe ningún título jurídico que pueda justificar, de manera definitiva, la privación provisional de su libertad”.
Asimismo, se le ordenó a la Fiscalía emitir un comunicado ofreciendo disculpas a las personas afectadas y las víctimas podrán decidir si estas excusas se hacen públicas.
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