6 coroneles del ejército investigados por presuntas irregularidades en adjudicación de contratos

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema, es quien imputará cargos a seis coroneles del Ejército, señalados de favorecer ilícitamente a varias personas para la adjudicación de contratos entre 2016 y 2019.

«El mensaje es que esta Fiscalía respeta y trabaja con las fuerzas militares, pero no tiene contemplaciones frente a militares de alto rango que quebranten la ley penal. Lo demostramos con nuestro llamado a imputación al General Mario Montoya y ahora con estos otros casos», aseguró el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado.

De esta manera, son llamados a audiencia de formulación de imputación contra los coroneles Juan Carlos Guerra Durán, John Steban Torres Ballén, José Gregorio Montañez, Édgar Orlando Castro Malagón, José William González Lozano y Javier Alejandro Galvis Ramírez.

Dichos oficiales están vinculados a las presuntas irregularidades por las que fue capturado en agosto de 2018 y está en juicio el general Jorge Horacio Romero. Según la investigación de la Fiscalía, el general Romero, como comandante de brigada, y otros subalternos acordaron apropiarse de dineros del Estado mediante la adjudicación de contratos.

Estos delitos se habrían cometido cuando los uniformados estaban en cargos estratégicos que tenían relación a temas de contratación y adquisiciones en la Cuarta Brigada y la Séptima División del Ejército.

Es así, como los oficiales habrían acordado con los contratistas a los que se les iban a adjudicar los contratos, que recibirían un porcentaje del valor de las facturas, además, de unos pagos mensuales.

Además, según el ente acusador, los contratistas conocían los pliegos de condiciones antes de que fueran publicados para que pudieran adaptar sus perfiles y así ganar las adjudicaciones, también asegura que cuando no les era posible ajustar la adjudicación, los militares presuntamente realizaban maniobras para declarar los procesos desiertos y evitar que otros participantes ganaran los contratos públicos.

Estos uniformados serán imputados por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y concierto para delinquir agravado.

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