Durante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el día 10 de octubre se reconoció, a través de su resolución 48/13, que tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Asimismo, dicho Consejo instó a los Estados a trabajar juntos, y con otros socios, para implementar este derecho recientemente reconocido. El Consejo también aumentó su enfoque en los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos mediante el establecimiento de un Relator Especial dedicado específicamente a esa cuestión.
“La acción decisiva del Consejo de Derechos Humanos para reconocer el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible tiene que ver con la protección de las personas y el planeta: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos. También se trata de proteger los sistemas naturales, que son condiciones previas básicas para la vida y el sustento de todas las personas, dondequiera que vivan (…)“Ahora se requieren acciones audaces para garantizar que esta resolución sobre el derecho a un medio ambiente sano sirva como catalizador para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y la naturaleza”, declaró Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Bachelet también describió las triples amenazas planetarias del cambio climático, la contaminación y la pérdida de la naturaleza como el mayor desafío de derechos humanos de nuestra era. La resolución sobre un medio ambiente saludable reconoce el daño infligido por el cambio climático y la destrucción del medio ambiente a millones de personas en todo el mundo. También subraya que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda.
Por su lado Camilo Prieto, vocero de la fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, explica que hasta ahora, el derecho a un ambiente sano y sostenible, se había considerado con un derecho secundario, conexo al derecho a la vida. Sin embargo, con la decisión adoptada por del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este derecho pasa a tener la misma prioridad que el derecho a la vida.
“En este momento se le está dando un tratamiento distinto, se le está elevando para darle un tratamiento tan relevante como el derecho a la vida misma. Es decir, esto implica también obligaciones para los gobiernos de generar mecanismos que puedan garantizar ese derecho”, asegura.
“Debemos aprovechar este impulso para ir más allá de la falsa separación entre la acción ambiental y la protección de los derechos humanos. Está muy claro que ninguno de los objetivos puede lograrse sin el otro y, para ello, debe garantizarse un enfoque del desarrollo sostenible que sea equilibrado y basado en los derechos humanos”, dijo. Y aseguró que espera que las resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos, estimulen una aceptación más amplia de este enfoque.
“Creo que el error en el que puede estar cayendo Colombia es presentar propuestas que responden a unas problemáticas genéricas o que han sido propuestas por países en Europa. Las problemáticas ambientales en Colombia son distintas a las de Europa. El mensaje que debe leer el gobierno nacional es de esa generación de políticas con un factor diferencial que realmente respondan a los problemas que tiene el país en términos de mitigación y adaptación”, Prieto sostiene que el mensaje que envía Naciones Unidas al mundo y a cada uno de los Estados es que el tema del cambio climático necesita recibir un trato especial diferencial. Y asimismo, las estrategias en cada país deben ser también diferenciales.
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