
Varias limitaciones al uso de la fuerza por parte de la Policía y a las actuaciones de los manifestantes en medio de las protestas ciudadanas son las bases de un proyecto de ley que llegó al Congreso y que busca reformar algunos aspectos estructurales de la institución policial.
La iniciativa fue propuesta por los senadores Antonio Sanguino (Alianza Verde) e Iván Cepeda (Polo) y la representante a la Cámara María José Pizarro (Lista de la Decencia), todos integrantes de partidos de oposición al Gobierno Nacional.
El proyecto de ley de estos legisladores llega en momentos en que se vive una polémica entre la oposición y algunos sectores del Ejecutivo y de la coalición de gobierno, los cuales insisten en que la Policía no necesita reformarse de fondo.
De acuerdo con lo propuesto, se le prohíbe a la Policía el “uso de proyectiles de energía cinética, como los tipo beanbag, y la escopeta calibre 12”, al igual que “el uso de cámaras corporales, portar armas de fuego y realizar lanzamiento directo a manifestantes, ejercer fuerza contra menores y adultos mayores, porte de armas de fuego y uso de la fuerza letal”.
“La intervención policial solo será procedente cuando sea estrictamente necesaria, en una medida equivalente al acto que se pretende disuadir y utilizando los procedimientos y medios reconocidos legalmente”, propone el proyecto y agrega que “se prohíbe a la Policía Nacional la disolución de facto de protestas pacíficas”.
Sobre el uso de la fuerza, se propone que se rija “por los principios de legalidad, necesidad, racionalidad y proporcionalidad, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga”.
Y acerca de las retenciones que la Policía podría hacer en medio de las protestas, la iniciativa plantea que solamente se puedan realizar “por existencia de orden judicial previa” o a quienes se les encuentre cometiendo supuestos delitos “en flagrancia”.
“La Policía podrá realizar registros personales a personas detenidas o trasladas únicamente cuando exista flagrante actividad delictiva de la persona sometida a registro, o cuando existan motivos suficientes o fundados para dar cumplimiento a medidas de resguardo imprescindibles”, reza la propuesta.
Se espera que esta semana se radique la ponencia o texto con el que comenzará el debate y la votación de este proyecto en la Comisión Segunda del Senado, donde debe surtir su primero de cuatro debates reglamentarios.
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