Las leyes que no se cumplen en Colombia

Muchos se habrán dado cuenta de un pequeño letrero en algunos vehículos de servicio público: ‘¿Cómo conduzco?’. Y a continuación dan un teléfono para denunciar los posibles abusos del conductor.

No obstante, el número que se indica allí, como lo comprobó este diario, o no funciona o nadie contesta. Este letrero es producto de una norma que se expidió en el país y hace parte del Código Nacional de Tránsito. Es un ejemplo de una de las numerosas leyes que existen en Colombia y que ni los ciudadanos ni las autoridades se preocupan por cumplir. 

Por ejemplo, han pasado 12 años desde que se sancionó la Ley 1257 de 2008, que buscó crear formas de prevención y sanción por la violencia contra la mujer. ¿Cuál es el balance? Según cifras consolidadas por ONU Mujeres, a 2019 habían sido asesinadas 12.226 de ellas. Y el número crece cada vez más. 

Tampoco ha funcionado la Ley 1335 de 2009, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. Actualmente, en cualquier esquina de las principales ciudades del país es posible hallar a alguien que venda uno o dos cigarrillos sueltos.

Lo mismo ocurre con la norma que prohíbe la venta de las bebidas alcohólicas a los menores de edad e impone sanciones a quienes violen esta disposición, la cual, en algunos casos, especialmente en las tiendas de barrio, no se cumple al pie de la letra.

El incumplimiento de las normas también se presenta en materia de ordenamiento territorial. La Ley 1551 de 2012, sancionada hace ocho años, ordena que se cree una comisión para descentralizar algunas entidades del Estado. En esta comisión deben estar congresistas, representantes de ministros y de entidades del poder central. Por ahora, no se ha creado esta instancia.

Un caso similar es el de la denominada ley ‘Natalia Ponce de León’, que endurece el castigo para los agresores de personas atacadas con ácido. 

Aunque fue sancionada en 2016, de acuerdo con la propia Natalia Ponce, quien fue víctima de este flagelo, “a la ley hay que hacerle un estudio porque no está funcionando”. 

Según el estudio ‘Cultura de la legalidad en servidores públicos y ciudadanos’ –elaborado por la Universidad Javeriana–,“el cumplimiento de la ley obedece más al temor de ser descubierto que a una verdadera convicción sobre el impacto del comportamiento”.

En Colombia se ha vuelto costumbre que para cada nuevo problema, hay una ley. A tal punto que el país se ha visto ‘sepultado’ por decenas y decenas de nuevas leyes que ingresan al ordenamiento jurídico para ‘normatizar’ la vida cotidiana de los ciudadanos.

Por ejemplo, en el último año, entre julio de 2019 y junio de 2020, se aprobaron 69 nuevas normas en el Congreso, entre ellas cinco reformas constitucionales. Es decir, en promedio, cada cinco días se aprueba una nueva ley.


El fenómeno se debe a que, como lo dijo el profesor y abogado Hernán Olano, “existe el problema de medir a los congresistas por el número de proyectos presentados y la cantidad de iniciativas aprobadas, pero no por la eficacia de estas”.

Las leyes no cambian el mundo. Algunas veces son más una forma de evasión que un instrumento para la solución de los problema

Solo el último año fueron radicados en el Congreso 362 proyectos. Y esta semana, cuando arrancó la nueva legislatura del Congreso, fueron radicados cerca de 50 nuevos. Y vendrán más, pues el Centro Democrático anunció que este semestre radicará 138 proyectos. ¿Qué tan conveniente es ese volumen normativo en un país en el que muchos ciudadanos se suelen pasar por la faja las normas?

“Las leyes no cambian el mundo. Algunas veces son más una forma de evasión que un instrumento para la solución de los problemas”, dijo recientemente el rector de los Andes, Alejandro Gaviria, durante un discurso de grado. 

El profesor Olano, durante su paso por la Universidad de La Sabana, publicó un informe en el que asegura que el 30 por ciento de las normas tramitadas cada año por el Congreso son “inútiles”, entre estas las leyes de honores. Entre 2010 y 2017 se aprobaron más de 100 leyes de este tipo, que buscan, por lo general, exaltar a ciertas personalidades.

El jurista llama la atención sobre estas porque generan un compromiso económico y obligan a la Nación a realizar publicaciones o construir monumentos. Miles de millones de pesos se tienen que destinar para su cumplimiento.

“La ley se ha convertido en parte del discurso político: en los procesos electorales, parte de las promesas, incluso así no sea para el Congreso, proponen generar una ley y los electores consideran que ello es válido”, indica el Ph. D. en Derecho de la Santo Tomás Jairo Angarita.

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