¿Se va a resolver el problema de las consultas populares?

El debate sobre si desarrollar proyectos de minería y petróleo depende de las consultas populares sigue candente en Colombia. Pero poco a poco, los magistrados han venido resolviendo las dudas que había sobre estos temas.

Durante los últimos años, muchas comunidades decidieron acudir a este mecanismo con el objetivo de decirle “no” a cualquier actividad extractivista en sus regiones. Uno de los más reciente casos se dio en 2017 cuando los habitantes del municipio de Cumaral en el Meta, lograron frenar uno de los proyectos de la petrolera Mansarovar Energy. La compañía se defendió interponiendo una acción de tutela: la Corte Constitucional adoptó una decisión el año pasado y estableció que las consultas populares no son el mecanismo idóneo para establecer límites a una actividad regida por autoridades del nivel nacional.

Ahora, la propia Corte Constitucional acaba de ratificar aquella decisión al resolver una demanda contra el artículo 33 de Ley 36 de 1994, que establece las reglas de funcionamiento de los municipios. En pocas palabras, parece que ya no cabe más discusión: las Consultas Populares no son un mecanismo eficaz jurídicamente para impedir la explotación de minas o petróleo en una región. Es más, se podría decir que las consultas resultan ilegales cuando se utilizan para ese fin.

REDACCIÓN.