Consejo de Estado decretó muerte política de Musa Besaile por cartel de la toga

El exsenador no podría volver a hacer política después de que se estableciera que pagó dos mil millones de pesos para frenar investigaciones en su contra. Puede impugnar el fallo ante la sala plena.

El Consejo de Estado decidió que el exsenador Musa Besaile no podrá a volver a ejercer cargos públicos. El cacique cordobés perdió su investidura luego de que la justicia estableciera que pagó más de 2.000 millones de pesos para frenar investigaciones en su contra por supuestos nexos con la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, en un episodio conocido como el Cartel de la Toga.

El exsenador se defendió diciendo que este pago se trató de una extorsión del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, pero el alto tribunal no aceptó esta justificación y determinó quitarle la investidura para, así, declarar su muerte política.

“Se destaca que el proceder del exsenador Besaile Fayad -esto es, el negociar con intermediarios y pagar un soborno para que el funcionario encargado de instruir un proceso penal en su contra detuviera los avances de la actuación-, no solo es un acto ilegal, sino inadmisible e injustificable”, señala la sentencia.

“La versión del Besaile Fayad sobre la supuesta coacción que lo llevó a pagar el soborno tampoco lo exculpa”, explica uno de los apartes del fallo.

El texto de la decisión del Consejo de Estado también señala que Besaile tenía todos los medios para ejercer su derecho a la defensa, por lo que no debió acceder a pagar estos dineros para evitar la investigación.

“El excongresista estaba en condiciones de afrontar el proceso penal con un abogado de confianza y de hacer uso de los mecanismos de impugnación previstos por el ordenamiento para controvertir las providencias que lo afectaran, bien sea por contrarias a sus intereses o por injustas”.

El pago de Besaile fue destinado al magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo Fernández y tuvo como intermediario a Luis Gustavo Moreno de acuerdo con el fallo, que añadió que la acción juzgada siempre tuvo el objetivo de afectar la investigación.

REDACCIÓN.